Nuevas reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos a once años de su vigencia

DSC_0906-2Por: Lic. Gilberto Alfonso Fajardo, Asociado
Jefe de la División de Propiedad Intelectual

gilberto@romeropineda.com

 El pasado viernes diecinueve de abril la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que contribuyen a fortalecer el marco normativo que regula las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen. Una Indicación Geográfica (IG) es  “todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que identifica o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando una calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico”. Mientras tanto, una Denominación de Origen (DO) es “una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área”.

Los conceptos anteriormente mencionados se entienden mejor por medio de ejemplos. Así, mientras el TEQUILA es considerado una Indicación Geográfica, la bebida del PISCO es considerada una Denominación de Origen. Las IG y las DO son, entonces, productos específicos que se protegen por medio de estas categorías de propiedad industrial, protección que es otorgada gracias, precisamente, a la importancia estratégica que estos productos poseen dentro de los mercados internacionales, ya que son considerados como productos que poseen una ventaja comparativa con respecto a otros productos de similar naturaleza. Factores geográficos como el clima y la tierra; y factores humanos como las formas ancestrales de elaborar dichos productos, hacen que esas mercancías adquieran un valor alto de mercado y que  obtengan una reputación innegable.

Las reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (LMOSD) son producto de la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, ya que dentro de los requisitos que imponía esta última, estaba el de incluir una regulación específica que normara el procedimiento de registro de indicaciones geográficas, habida cuenta del vacío que existía dentro de dicho cuerpo normativo. Nuestra Ley únicamente contemplaba un procedimiento para el registro de denominaciones de origen, que era el mismo que para el registro de marcas por disposición expresa de la Ley. Sin embargo, nada disponía sobre el proceso de registro de indicaciones geográficas, y allí precisamente estaba el gran vacío dentro de nuestra legislación secundaria. La Unión Europea, al tener protegidas una gran cantidad de indicaciones geográficas, es obvio que se interesara en solicitar, como parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, la regulación expresa sobre el procedimiento de registro de las indicaciones geográficas.

 

Las Reformas per se

Entre las principales reformas a la LMOSD se encuentran: a) La regulación expresa sobre el procedimiento de registro de IG y DO, sustituyendo la antigua regulación sobre el procedimiento de registro de una DO, unificando el trámite para ambas categorías siempre bajo la sombra del proceso de registro de marcas, sobre todo en lo relativo al examen de fondo, publicación y oposición al registro, con lo cual se logrará mayor previsibilidad y seguridad jurídica; b) La regulación expresa sobre las prohibiciones para el registro de una IG, también unificando las prohibiciones tanto para IG como para DO; c) La regulación expresa en cuanto a los factores a tomar en cuenta al momento de examinar una solicitud de registro de una IG o una DO, estableciendo taxativamente el estudio de los elementos que justifiquen los vínculos necesarios entre las cualidades, la reputación u otra característica del producto con respecto al origen geográfico, con respecto a las IG; y los vínculos necesarios entre la calidad o características del producto  y el medio geográfico, con respecto a las DO; y, d) La inclusión de prohibición por razones extrínsecas para el registro de signos que fuesen susceptibles de causar confusión con una IG y una OD, también unificando la prohibición para ambas categorías.

En términos generales, las reformas a la LMOSD son positivas pues vienen a actualizar nuestra legislación secundaria con respecto al derecho internacional aplicable a estas categorías usualmente encasilladas dentro de la propiedad industrial. Reformas que vienen a complementar laos cambios efectuados a la Ley a raíz de otro acuerdo multilateral de comercio, como fue el caso de las reformas derivadas de la suscripción y aprobación, en el año dos mil cinco, del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América, conocido CAFTA-DR por sus siglas en inglés. Sin embargo, una deuda que todavía tiene El Salvador con respecto a las denominaciones de origen, es la suscripción del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al cual debimos adherirnos hace muchos años para la efectiva protección de denominaciones de origen extranjeras.

Pese a que las reformas recientemente aprobadas son necesarias, no podemos dejar de señalar que a once años de vigencia de la LMOSD, en la práctica diaria se han detectado muchos otros vacíos de Ley que han obstaculizado la efectiva protección de la propiedad industrial en El Salvador. Aspectos como la regulación de los factores para la determinación de una marca notoriamente conocida, el abandono de la gestión del trámite de registro de marcas, la regulación más flexible de plazos y la regulación sobre pruebas documentales en oposiciones y recursos, son sólo algunos de los temas que requieren ser analizados a la luz de la normativa internacional para futuras reformas.

Para más información no dude en contactarme,

GILBERTO FAJARDO

 

 

 

 

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